PRESENTACIÓN DE LA BIOGRAFÍA DE PABLO CORREA Y ZAFRILLA

El pasado lunes 24 de junio se presentó en el salón de actos de la Biblioteca Pública Fermín Caballero (Cuenca) un nuevo título con el que reconstruir la historia del republicanismo español. Se trata de Pablo Correa y Zafrilla: republicanismo y cuestión social en la España del ochocientos (1842-1888), de Eduardo Higueras Castañeda. Es una obra que biografía a Pablo Correa y Zafrilla, abogado, periodista y publicista conquense, que militó en el Partido Republicano Federal. Perteneció a los cuadros medios del partido, a veces relegados en favor de las principales personalidades del partido, pero, en todo caso, con un papel destacado dentro del activismo federal a través, sobre todo, de su labor como propagandista.

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De derecha a izquierda: Herminio Lebrero Izquierdo, Ángel Luis López Villaverde, Mª Ángeles Zurilla Cariñana y Eduardo Higueras Castañeda

En ese mismo acto se presentaron otras novedades relacionadas con la historia contemporánea. El pueblo, las subsistencias y el máuser. El motín de 1919 en Tarancón, de Herminio Lebrero Izquierdo, narra uno de los últimos motines de subsistencias que tuvieron lugar en la España contemporánea, en este caso en Tarancón (Cuenca). La presentación, organizada por el Seminario Permanente de Estudios Contemporáneos, estuvo protagonizada no solo por los autores de ambas obras, sino por el Decano de la Facultad de Comunicación, Ángel Luis López Villaverde, también miembro del SPEC. Presentando el acto, la vicerrectora de Culta, Deporte y Extensión Universitaria de la UCLM.

Tras la presentación como tal de ambas obras, el acto se transformó en un diálogo abierto entre los tres historiadores y, a su vez, con el público asistente en el que se debatieron cuestiones que afectan de cerca al estudio de las culturas republicanas, como el alcance y la necesidad de los estudios locales. No obstante, el ámbito local es uno de los escenarios principales de los estudios republicanos, al haber sido, del mismo modo, uno de los lugares predilectos para el desarrollo de las políticas republicanas, sobre todo en el caso del republicanismo federal. Con ambas obras y el debate que generan se profundiza tanto en los estudios republicanos como en los estudios locales, dos campos estrechamente relacionados y cuyos vacíos van rellenándose con obras como las que se presentaron.

Andrea Villegas Marchante

“Amor por la libertad, fraternidad e igualdad”. El 1 de Mayo en los EEUU

En los Estados Unidos de América, la primera república mundial en todos los rankings económicos, no se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. No es un día festivo. Ese día, todas las trabajadoras y todos los trabajadores, acuden puntualmente a sus puestos de trabajo. En su lugar, y gracias a la decisión tomada por el presidente liberal Grover Cleveland, Labour Day lo celebran en septiembre. La elección de esta fecha no fue casual: coincidía con el aniversario de la Orden de los Caballeros del Trabajo, pero, sobre todo, se pretendía que durante el primero de mayo no se recordara a los Mártires de Chicago.

El uno de mayo 1886, dieron comienzo una seria de huelgas que dejaron huella en la historia contemporánea. Los Estados Unidos de América estaba inmersa en el proceso de industrialización y modernización económica que, pocos años después, le llevaría a proclamarse como la república más exitosa alrededor del globo.

Para finales de la década de 1880, había casi 7 millones de trabajadores industriales y en el preludio de la Primera Guerra Mundial, la cifra no andaba lejos de los 15 millones. Muchos de ellos estaban organizados en diferentes fraternidades, sindicatos, federaciones, órdenes y union. Una de la más importantes fue la citada Orden de los Caballeros del Trabajo, creada en 1869, que defendía el siguiente discurso: “La única fuerza para detener el avance del monopolio es la sólida organización de los trabajadores”.

Y lo cierto es que la Orden tenía parte de razón al realizar dicha afirmación, porque si la segunda mitad del siglo XIX fue una época de modernización económica (el primer pozo de petróleo escavado en 1859, el teléfono de 1867 o la bombilla de 1879), también fue la época donde surgieron las grandes compañías y los grandes Trust. Standard Oil Monopoly

En consecuencia, por mucho que se recordaban las raíces de la fundación los Estados Unidos de América, el poder de las compañías hizo que los diferentes gobiernos no se esforzarán demasiado para mantenerlas vivas. Ni los sucesivos presidentes de la república ni el congreso estuvieron por la labor de encontrar soluciones a la precariedad en la que estaba inmersa parte de la sociedad. Sirva como ejemplo la Ley sobre los Contratos de 1864, que fue derogada sólo cinco años después, mediante la cual “las empresas podían retener el salario del trabajador durante un año para el cumplimiento de parte del contrato”.

Y por mucho que, en su día, los republicanos estadounidenses proclamaron la independencia de la vieja y decadente corona británica, la élite estadounidense copiaba las viejas y grotescas costumbres de aquellos aristócratas a los que tanto criticaba.

Algo de esto había visto Mark Twain cuando satirizó sobre el baño de oro con el que se pretendían cubrir las penurias sociales. Su famoso libro fue el que después dio nombre a esta época dorada, Gilged Age (1873): “En un país en donde no exista la fiebre de la especulación; ni el deseo apasionado de la riqueza repentina, en donde los pobres son sencillos y contenidos y los ricos son todos honestos y generosos, donde la sociedad se encuentra en un estado de pureza primitiva y la política es sólo la ocupación de loa capaces y patriotas, no habría motivo para elaborar una historia como esta”.

Según Twain, el Sueño Americano, solo funcionaba para unos pocos, y los demás, tenían que conformarse con soñar. Poco a poco, cada vez más trabajadores, inmigrantes muchos de ellos, no pudieron quedarse soñando y gracias a las diferentes organizaciones que habían creado, la movilización no se hizo esperar.

A comienzos de 1886, el presidente A. Johnson validó la Ley Ingersoll, que quiso responder a las proclamas que desde una década antes hacían los trabajadores sobre la jornada laboral de ocho horas. “Ocho horas para descansar, ocho horas para trabajar y ocho horas para el ocio”. Pero las muchas cláusulas que habían insertado en la ley, permitieron que la situación de la mayoría de los trabajadores industriales no cambiara en absoluto. Las protestas acabaron con la convocatoria de las huelgas a partir del primero de mayo.

Uno de los principales focos de las movilizaciones fue la ciudad de Chicago, referente industrial de la época. Entre el 1 y 4 de mayo, miles de trabajadores salieron a las calles. El 4 de mayo, se volvieron a reunir en Haymarket Saquare. The Haymarkat RiotComo se sabe, la manifestación convocada para aquel día, acabó en una batalla campal entre trabajadores y policías.

Durante la trifulca, estalló una bomba que mató, entre otros, a varios policías. En consecuencia, fueron detenidos más de 200 trabajadores bajo cargos de pertenencia a organizaciones anarquistas y revolucionarios. Aunque todos los acusados negaron su implicación en la explosión y jamás se encontró al culpable, siete de los detenidos (la mayoría de origen alemán), fueron condenados a muerte. A dos de los acusados se les conmutó la pena de muerte por cadena perpetua, y uno, Louis Lingg, decidió quitarse la vida en su celda.

Resulta paradójico leer la declaración de uno de los condenados a muerte, el periodista Adolph Fischer. Fischer, defendió sus ideales políticos de una manera que, desde nuestro punto de vista, resulta muy republicana:

I protest against being sentenced to death, because I have not been found guilty of murder. But however, if I am to die on account of being an Anarchist, on account of my love for liberty, fraternity and equality, then I will nor remonstrate. If death is the penalty for our love of the freedom of the human race, then I say openly I have forfeited my life, but a murderer I am not”.

Tres años después, en 1889, La Segunda Internacional declaró el Primero de Mayo como Día Internacional del Trabajador. Este día se celebra en muchos países del mundo, menos en los Estados Unidos de América.

SOBRE VIOLENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ESPAÑA REPUBLICANA (I)

El estudio de las retaguardias republicana y sublevada durante la Guerra Civil española se ha mostrado como uno de los campos de mayor interés entre los historiadores, especialmente desde la década de los 90 del siglo pasado. Esta atención ha obedecido a una sencilla razón: más allá de los frentes, la guerra también se ganó en estos espacios. En ambos casos, mantener su “buena salud” se postuló como una de las prioridades entre las autoridades, a pesar de la desigual importancia que unos y otros otorgaron a la acción en la retaguardia del enemigo a lo largo del conflicto. Una violencia y un desorden sin precedentes se adueñaron de las dos retaguardias como consecuencia inmediata del golpe militar de julio de 1936 y la pérdida del control del poder por parte del Estado. Aunque como es bien conocido, el origen de esa espiral se remontaba a los meses precedentes, sobre todo a febrero de aquel año. En los primeros meses de guerra tuvieron lugar todo tipo de prácticas violentas de marcado carácter político si bien, en el fondo de las mismas, latían deseos de venganza, viejas rencillas y odios individuales y de clase. Violencias que, en perspectiva comparada, no obedecían a las mismas lógicas y fines.

Centrándonos exclusivamente en la retaguardia republicana, la desarticulación e inoperatividad casi absoluta del Estado derivada del fracasado golpe fue aprovechada por las organizaciones revolucionarias. Estas, que habían frenado la sublevación en las calles, se adueñaron del vacío de poder existente e, inmersas en la nueva realidad revolucionaria, generaron un enorme clima de violencia. Paseos, registros, incautaciones y otras prácticas represivas fueron tónicas generales de distintos grupos de acción (que la historiografía ha denominado incontrolados, si bien este estereotipo no hace sino simplificar la compleja realidad existente en este sentido). En términos generales, conspiradores, colaboradores clandestinos, derechistas, religiosos y antirrepublicanos fueron los perfiles de los perseguidos y quienes conocieron la particular justicia que estos grupos emprendieron, mayormente en sus checas. Aquellas organizaciones y grupos administradores de los espacios de poder entendieron que la nueva justicia pasaba por la gestión particular de aquella violencia, marginal a todo ordenamiento jurídico. Una justicia por consenso, en palabras del profesor Alba, que prescindía de todo procedimiento judicial legalizado y de posible defensa; una justicia popular, pues la justicia institucional era vista con recelo, al considerarla “burguesa”.

La respuesta a aquella violencia de las primeras semanas, arbitraria e irregular, antes ideológica o de clase, se hizo patente ya en agosto de 1936. El receló por los excesos y desmanes cometidos comenzó a calar fuertemente no solo entre buena parte de los ciudadanos, sino también entre los propios componentes de aquel desmoronado Estado republicano. Con el propósito de acabar con ella y canalizar los ánimos y el clamor de aquellos grupos y masas populares, las autoridades republicanas reunieron esfuerzos y emprendieron una serie de medidas legales que, a su vez, se enmarcaban en la labor de reconstrucción del Estado y la recuperación del monopolio del poder. Así, trató de regular, atendiendo a las circunstancias del momento, el Orden Público, la Administración de Justicia y los organismos e instituciones que velaban por el cumplimiento de las condenas, entre otros asuntos. El objetivo al respecto estaba claro: afrontar la represión contra los enemigos de la República desde la normalización y legalización.

Con todo, en la parcela de los tribunales, la reforma más importante fue la creación de los llamados Tribunales Populares para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado. La creación de un Tribunal Especial en Madrid por decreto de 23 de agosto de 1936, poco después de producirse el asalto de la cárcel Modelo, y su extensión en los días siguientes por el resto de las provincias leales a la República, significó el inicio activo de la represión legalizada y el control político y judicial en la retaguardia republicana.

SERGIO NIEVES CHAVES

A vueltas con el presidente (de los EEUU)

Panda de extremistas

“El presidente de los Estados Unidos envió este lunes al Congreso una propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2020” que propone “una dotación de otros 8.600 millones de dólares para la construcción del polémico muro en la frontera con México” (El País, 12.03.2019).

La construcción del muro fue uno de los pilares de la campaña de Donald Trump y ahora, parece que le está trayendo grandes quebraderos de cabeza. No solo porque los demócratas con mayoría en el congreso estén en contra de levantar dicho muro, si también porque parece que la forma de gobernar del nuevo presidente, está dinamitando los cimientos del sistema político estadounidense. Cierto es también que, no parece afectarle demasiado. Bajo un discurso del “cueste lo que cueste”, ha amenazado con declarar la “emergencia nacional”. De esa manera, podrá seguir concentrando mayor poder ejecutivo y podrá levantar su muro por encima de las decisiones del Congreso y del Senado.

La viñeta que aparece al comienzo de esta entrada, la encontré mientras estaba preparando una clase sobre la revolución norteamericana. Como se puede apreciar en la imagen, el expresidente Barack Obama critica la limitación del poder ejecutivo. La crítica va dirigida a los padres fundadores de los Estados Unidos, que no parecen demasiado contentos con la dirección que estaba tomando su mandato.

Los padres fundadores, fue aquel grupo de hombres que firmaron la declaración de independencia (1776) y si se quiere, también aquellos que aprobaron la Constitución de Estados Unidos de América (1787). Entre los fundadores a los que se dirige Obama, he identificado al menos dos federalistas y autores de los The Federalist Papers o Los documentos federalistas: James Madison (4º presidente de los EEUU) y Alexander Hamilton.

The Federalist papers es una colección de artículos de prensa escritos a partir del año 1787, justo al final de uno de los períodos más complicados que vivieron los EEUU durante el proceso de independencia (“período crítico”). El objetivo de los firmantes de los artículos, que buscaron cobijo bajo el pseudónimo Publius, era la de crear una opinión pública favorable a la ratificación de la Constitución de los Estado Unidos (1789).

La redacción de la constitución y su posterior ratificación no fueron fáciles. El miedo generalizado a la amenaza de las antiguas monarquías europeas en decadencia y de una aristocracia anclada en los privilegios del pasado, hicieron que la república fuera el reflejo del “buen gobierno”, aunque tampoco estaba del todo claro cómo iba a ser esa república.

La mayoría de aquellos fundadores percibían el peligro de que una persona que aglutinara el poder, pudiera caer de nuevo en los vicios del viejo mundo. Esto hizo que la separación de poderes propuesto por Montesquieu unos poco años antes tomara cuerpo: el ideal democrático estaría a salvo mediante la república, y con ello, también se aseguraban de que la concentración del poder no degenerara en una tiranía.

Pero no todos estuvieron de acuerdo con ello. El debate tuvo su reflejo en el enfrentamiento entre los mencionados federalistas y los antifederalistas. Los antifederalistas fueron los partidarios de una unión mucho más laxa entre las antiguas colonias, con un Gobierno central débil que cumpliera con las funciones básicas y que no obstaculizara el día a día de los estados. Mientras tanto, los otros, los federalistas, utilizando el término de una manera muy inteligente, se hicieron pasar por aquellos que defendían una unión más fuerte pero que garantizara cierta autonomía a los estados. Se decantaron por un equilibrio entre la autonomía estatal y un poder central fuerte (algo contradictorio desde la perspectiva republicana europea del XVIII). Su pesquisa era la de crear una federación más robusta entre los estados mediante un gobierno central lo suficientemente fuerte como para que la unión no peligrara (política tributaria, relaciones internacionales, comercio, ejercito…). La nueva unión pues, alcanzaría la forma de una república federal, bajo la dirección de una única autoridad. El presidente, tendría poderes considerables, como el derecho a veto (que quiere imponer Trump), la de liderar el ejército o elegir a los funcionarios. Pero si el sistema político era lo suficientemente fuerte, no habría problema.

Como se sabe, el primer presidente elegido fue un veterano de la guerra de la independencia, George Washington. El propio Washington, que nunca vio de buen grado la formación de partidos políticos, dejó la presidencia después de la segunda legislatura, para que el poder no corrompiera al hombre. Seguramente debido al empeoramiento de su salud, pero lo cierto es que, mediante aquel gesto, respondió de manera republicana a las críticas que le identificaban con un pseudo-rey y dio comienzo a una tradición que ha llegado hasta la actualidad.

Como se decía al comienzo, parece que últimamente, en la Casa Blanca andan cortos de historiadores y que, por consiguiente, en la república más poderosa del mundo, el presidente no repara demasiado en el pasado. Trump sigue empeñado en que el presidente, por algo es el presidente. Tanto es así que, en su afán de llevar a cabo sus promesas electorales, ha sido capaz de poner de acuerdo a los demócratas y los republicanos: “senadores republicanos y demócratas contra la emergencia de Trump”, rezaba otro titular (El País, 05.03.2019). Y es que, si el congreso de mayoría demócrata rechaza la propuesta del presidente, parece que tampoco le irá mejor en el Senado: una docena de republicanos han anunciado su veto a la propuesta presidencialista de Trump para el 15 de este mes.

Según recoge el artículo mencionado, los republicanos tienen miedo a que los próximos presidentes puedan seguir la senda de Trump de concentrar cada vez mayor poder ejecutivo. El argumento del senador por Kentucky Rand Paul que recogía la prensa, era claro en este sentido: “Creo que [el presidente] está equivocado, (…) sino en su búsqueda de expandir los poderes presidenciales por encima de sus límites constitucionales”.

Quizás, tal y como me soltó un alumno en clase, las palabras del senador de Kentucky carecen de “credibilidad, que seguro que tiene algún lobby por detrás”. O puede que, más allá de la intransigencia presidencial, en los Estados Unidos de hoy en día, todavía quede algún resquicio del ideal republicano inicial, aquel que defendían los fundadores de hacer una “política democrática”. Veremos cómo termina la batalla entre la tiranía y la separación de los poderes.

Dos nuevas tesis doctorales sobre la historia de la democracia republicana

Existen muchas formas de calibrar la salud de un campo de investigación. El de los orígenes de la democracia y la movilización republicana en España, se ha mostrado como un ámbito considerablemente fértil desde hace algunas décadas. Sobre todo si se tiene en cuenta que otros temas de estudio con un impacto mucho más inmediato sobre el público han absorbido ―sin duda con justicia, y por eso seguirán haciéndolo― gran parte de la atención de los historiadores. En este sentido, que en los primeros meses de 2019 se hayan presentado dos nuevas tesis doctorales directamente relacionadas con las culturas del republicanismo español es una noticia muy positiva para quienes nos dedicamos al asunto. No solo porque con ellas se profundice en aspectos desconocidos sobre un tema que presenta todavía importantes lagunas e interrogantes, sino porque el debate, con ellas, se renueva y, por supuesto, también se enriquece. A ello contribuyen de manera brillante las tesis doctorales de Ester García-Moscardó y Óscar Anchorena Morales. Brillo que, de hecho, llamaba ya la atención en la trayectoria predoctoral de dos autores de gran solvencia investigadora.

La figura del publicista federal Roque Barcia Martí (1821-1885) protagoniza la tesis, dirigida por Jesús Millán y María Cruz Romeo, que Ester García-Moscardó presentó en la Universidad de Valencia el 28 de enero. Isabel Burdiel, Adrian Shubert y Florencia Peyrou componían un Tribunal de altura para una investigación que da en una tecla especialmente importante sobre la formación y la divulgación de las primeras formulaciones del republicanismo histórico en España. La aportación de Roque Barcia, en este sentido, fue crucial. Sus devaneos en la última fase de su vida pública ―por su papel instigador en la rebelión cantonal de 1873 y, sobre todo, por renegar públicamente de ella― lastraron el reconocimiento del publicista sevillano entre sus correligionarios. Su legado, en este sentido, no conservó el vigor de otros dirigentes como Pi y Margall, Salmerón o Ruiz Zorrilla. Sin embargo, es sumamente difícil comprender el desarrollo de la democracia republicana en el tercio central del siglo XIX sin tener en cuenta su ingente labor intelectual y propagandista. En ella se formaron gran parte de los republicanos de su tiempo, desde el primer Castelar hasta el último lector de La Democracia, El Círculo Científico o El Demócrata Andaluz.

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Entre las carencias de la historiografía sobre la historia de la democracia llamaba también la atención la inexistencia de investigaciones de verdadero calado sobre los republicanos de Madrid. Probablemente, la capital y la corte han oscurecido a una ciudad con dinámicas sociales y políticas propias. A resolver esta carencia contribuye Óscar Anchorena con su tesis sobre “El republicanismo en Madrid. Movilización política y formas de sociabilidad, 1874-1923”. Un trabajo largamente madurado en el que el fenómeno republicano se concibe como un movimiento social de base del que arrancan prácticas políticas, formas de protesta, de encuadramiento y de organización (casinos, círculos, tertulias, clubes…) en las que no importa tanto las divisiones de los partidos, como los espacios compartidos para construir una ciudadanía democrática. Algo que, en sí mismo, ya suponía un desafío ante un régimen, el de la Restauración, que constituía un dique frente al desarrollo de la democracia. Àngel Duarte, Rosana Gutiérrez Lloret, Luis P. Martin, Florencia Peyrou y Rubén Pallol componían otro Tribunal de altura para esta tesis doctoral, dirigida por Juan Pro Ruiz, que se leyó el pasado viernes 22 de febrero en la Universidad Autónoma de Madrid.

Es justo que en Historia y Culturas Republicanas nos hagamos eco de dos novedades tan significativas y prometedoras. También lo es dar la más sincera y sentida enhorabuena a Ester García Moscardó y a Óscar Anchorena Morales, compañeros en muchos foros. Es de esperar que también lo sean de este proyecto.

La eterna división republicana y las primeras estrategias para superarla

    A cualquiera que haya leído un poco sobre la Segunda República Española le sonará el nombre de la “coalición republicano-socialista”. La denominación, en realidad, se había usado mucho antes, en 1909, para referirse a lo que la historiografía suele llamar con más frecuencia la “Conjunción Republicano-Socialista”. Pero, más allá de las palabras, lo cierto es que eran muy antiguos los intentos de mancomunar las variadas “familias” en que se dividía el republicanismo histórico (a veces, como en este caso, asociándolas con fuerzas de otras culturas políticas, aunque este es otro tema).

    El origen de estas uniones hay que buscarlo, lógicamente, en el momento en que se hizo patente esa división. Pero la verdad es que el republicanismo español nació fraccionado, porque las controversias doctrinales siempre existieron. Hasta tal punto, que hace unos años los especialistas empezaron a cuestionarse la existencia de una sola cultura política republicana (Ángel Duarte, Pere Gabriel…). Y hay quienes llegaron a distinguir hasta tres culturas, como Román Miguel González. La cuestión ha suscitado vivos debates en el mundo académico, pero lo que está claro, lo que hoy nadie discute y lo que nos interesa subrayar aquí es que el republicanismo español presentó siempre tal diversidad interna que no puede ser concebido como un universo homogéneo.

    Ahora bien, hubo un tiempo en que esa heterogeneidad convivió políticamente en el seno de una misma agrupación: primero, en el Partido Demócrata, creado en 1849; y después, en el Partido Republicano Federal, fundado en 1868 por una parte sustancial de quienes habían dado vida al anterior. Está claro que en aquellos tiempos, a pesar de esas diferencias internas, no se pensaba en la necesidad de una unión republicana porque, sencillamente, no había partidos que unir (dejemos a un lado el Partido Republicano Unitario, de implantación marginal).

   Así que tenemos que irnos al momento inmediatamente posterior a la Primera República, cuando la división se hizo ya tan patente e insostenible que las diferentes facciones se lanzaron a organizar sus propias agrupaciones políticas, se afanaron en movilizar a sus bases y, cuando la ley lo autorizó, crearon periódicos en todos los sitios que pudieron para defender sus ideas de forma separada. Había llegado el momento, como se decía en la época, de “deslindar los campos”.

    Esto ocurrió muy singularmente entre 1875 y 1880, cuando se produjo la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII. Al poco, se prohibieron las organizaciones, sociedades y periódicos expresamente republicanos. Y fueron aquellas circunstancias adversas las que propiciaron el surgimiento de una corriente de opinión a favor del entendimiento, de la inteligencia republicana, de mancomunar esfuerzos: es lo que se llamó la Unión Democrática.

    En un sector importante de quienes profesaban ideas republicanas, prendió la idea de que la división había resultado fatal en 1873. Otra cosa era el reparto de culpas, ya que cada uno daba su versión, pero muchos republicanos coincidían en que la discordia y los enfrentamientos habían pasado factura. Una elocuente caricatura publicada en El Motín pocos años después plasmó de manera soberbia esta convicción. El dibujo presenta a los tres principales dirigentes del 73 (de izquierda a derecha, Salmerón, Castelar, Pi y Margall) en plena trifulca, a palo limpio, mientras Pavía patea en el trasero a una alegoría de la República y la expulsa de la escena. La caricatura, además, se acompañó de un poema que contiene pasajes muy elocuentes sobre los males de las envidias y del “fulanismo”, o sea, de anteponer los nombres de los líderes a las ideas o los proyectos para justificar facciones o disidencias (“[…] a la greña andaban / por quitarse el puesto, / apelando a chismes, / ardides y enredos” […]).

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Fuente: El Motín, Madrid, 20 de abril de 1890 (Biblioteca Nacional de España)

    La Unión Democrática fue la primera Unión Republicana de la historia de España. No se podía llamar así porque la ley proscribió el término “República” y su familia léxica hasta que Sagasta llegó al poder en 1881. Se trataba, pues, de un eufemismo. Pero sirvió para estimular la reorganización de las filas republicanas y también sus periódicos, aunque muy condicionados por la legislación vigente. Algunos títulos, como el diario La Unión, dirigido por Antonio Sánchez Pérez, desempeñaron un papel central en aquellas campañas.

    Sin embargo, no tardaron en llegar las polémicas. Incluso entre quienes se mostraban a favor de la Unión Democrática, se produjo una división en torno a la fórmula que había que adoptar: ¿debía tratarse de una coalición de los diferentes partidos sobre un programa común o de una nueva agrupación en la que se refundieran (desapareciendo) las preexistentes? Huelga decir que constituía un debate muy repetido en la historia política de nuestro país en diferentes épocas, incluida la actual.

   ¿Qué balance puede hacerse de esa estrategia que se dio en llamar Unión Democrática? En realidad, nunca llegó a cuajar como proyecto de ámbito estatal, debido precisamente a ese choque de interpretaciones sobre lo que debía ser la “Unión”; pero sí se convirtió en una herramienta útil a escala municipal, donde cada núcleo republicano optó por una u otra fórmula según las preferencias y circunstancias locales. Basta con recordar el caso de Oviedo, donde no por casualidad parece haber surgido la idea de la Unión Democrática o, al menos, su aplicación exitosa más temprana. En el Ayuntamiento de la capital asturiana, la Vetusta de Clarín, hubo mayoría de concejales republicanos durante muchos años, a pesar de sus poderosos adversarios y del influjo del caciquismo. En las elecciones de 1879, por ejemplo, las candidaturas de la Unión Democrática arrasaron al lograr las 14 concejalías en juego.

    Sea como fuere, en la Unión Democrática hay que buscar el precedente de la coalición republicana de 1886, de la Unión Republicana de 1893, de la Fusión Republicana de 1897, de la Unión Republicana de 1903 y, en definitiva, de las sucesivas tentativas de alianza republicana que surgieron en adelante con diferentes nombres.

Sergio Sánchez Collantes

 

 

Revisitando el pensamiento económico de Fernando Garrido

Cuando se reflexiona acerca de Fernando Garrido lo primero que se deja entrever es el papel fundamental que tuvo como teórico, en consonancia con su participación política real, del republicanismo federal en la España decimonónica. Sin embargo, cuando se habla de discursos nacionalizadores, de historiografía decimonónica, de construcción de identidades y de elementos que, en su generalidad, tienden a ser superestructurales, puede darse el caso de que olvidemos las bases que los asientan, el modelo legitimador que las sustentan.

Este demosocialista que participó en las insurrecciones populares (aunque no creyera en la revolución social), fue encarcelado y forzado al exilio en reiteradas ocasiones. Combatió en la teoría y en la práctica todas aquellas actitudes y prácticas que atentaban contra la democratización política de la sociedad española y que mantenían a la clase trabajadora en condiciones de depauperación alarmante. Garrido consolidó en su pensamiento unos posicionamientos teóricos económicos que, aunque en ocasiones contradictorios e idealistas, no por ello dejaban de ser un poso fundamental en toda su teoría política. Tanto es así, que sus obras de carácter histórico pertenecientes a la corriente historiográfica republicana contestataria, de la que sería partícipe activo a lo largo de su vida, no pueden comprenderse realmente si no se aborda su pensamiento económico.

Garrido se autocalificaba como socialista, y de hecho participó en los enconados debates que se produjeron a mediados de siglo con otros republicanos sobre el carácter que había de tener la democracia que se pretendía implantar en España. Tal fue el caso de la confrontación entre uno de los mayores representantes del republicanismo de carácter liberal, José María Orense, quien renunciaba a apostillar la “democracia” como “socialista”, al tiempo que Garrido defendía la idoneidad de tal unión.

“El carácter general, común a todas las doctrinas socialistas, es el de querer reformar y mejorar la sociedad, aplicando a todo el principio de asociación. Por esto fueron llamados socialistas o societarios, y no por querer aplicar sus sistemas reformistas a la sociedad, como muchas personas piensan, autoritariamente, los socialistas modernos” (Garrido, 1970c: 35).

Evidentemente, el problema no era formal sino claramente de fondo. El debate se tradujo en la confrontación entre la defensa a ultranza de la propiedad privada del sistema capitalista, primando el individuo a la sociedad, y la defensa de una propiedad privada cuya autonomía, aun dándose y defendiéndose, se ponía al servicio de las necesidades sociales.

Así, Garrido, como propagandista imbuido por la búsqueda de la cientificidad de su época, entendió la necesidad de escribir desde la Historia. Por tanto, escribiría Historia situándose como defensor de los trabajadores, y para ellos narraba su historia fundamental, su Historia de las clases trabajadoras, de 1870. Una obra fundamental puesto que permite acceder no solo a sus postulados políticos (que atraviesan la generalidad de su obra) sino, sobre todo, a su pensamiento económico. Así, cuando denunció las condiciones de vida de la clase trabajadora española, las pésimas jornadas laborales a las que se veían atados mujeres y niños, o cuando elevó críticas contra aquellos jornales irrisorios que percibían, no lo hizo como una forma de propaganda que adscribiera el movimiento obrero al republicano. Buscaba las raíces del problema económico en España, y percibía que, si la libertad se circunscribía únicamente al campo de la política, sería una libertad falaz al no quebrar las cadenas que ataban a la clase obrera a la miseria. Cadenas que debían comenzar a cuestionarse aplicando un principio básico y transversal (y teleológico) en la obra de Garrido: el principio de la asociación.

Por tanto, y en relación con la necesaria unión de libertad política y económica, Garrido afirmó que:

“La evolución económica que ha de emancipar a las clases trabajadoras del yugo del capital, coincidirá con la revolución política, por ser el únimo (sic) medio de que la democracia pueda consolidar sus principios de libertad y de igualdad, o impedir las reacciones, que devuelvan el poder a manos de las clases privilegiadas: porque nunca ha sido efectiva la emancipación política de una clase si no ha sido precedida, acompañada, o inmediatamente seguida de su emancipación económica” (1975: 132)

Aun así, defendía, por supuesto, el sistema económico liberal, capitalista, aunque pretendiera su radicalización democrática (en sentido político y económico). Esto le llevó a plantear asociaciones y luchas de carácter interclasista (lo cual estaba presente en la mayor parte del espectro republicano de su tiempo), por lo que pese a afirmar la existencia de clases diferentes, los propietarios y los trabajadores, no las situaba como antagónicas más que de forma coyuntural. La situación podría y habría de revertirse si las asociaciones renunciaban a sus intereses egoístas y se focalizaban en el bienestar de la sociedad española en su conjunto.

Si el problema principal no emanaba para Garrido de la contradicción capital-trabajo como argumentaría el marxismo, ni de la falta de distribución de la propiedad privada individualizada o la inexistencia de esta, como expondrían anarquistas y otros grupos “apolíticos”, ¿de dónde surgían las cadenas para las clases populares españolas? Garrido escribió:

“De aquí que el comercio fuera, y sea todavía para muchas naciones, un medio político de domino sobre otras, y que en todas lo sea del predominio del comerciante sobre el productor, del capitalista sobre el obrero. Acaso, y sin acaso, el secreto de la destrucción del pauperismo, de la emancipación de las clases trabajadoras, dependa, si no en exclusiva, fundamentalmente, de la subordinación de la función comercial a la productora, de la supresión, por el cambio directo de los frutos del trabajo entre los mismos productores, de las densas nubes de intermediarios, parásitos improductivos que, apoderándose momentáneamente de la riqueza producida imponen la ley al productor, interponiéndose entre él y los consumidores y no dejando a éstos otro arbitrio que comprarles los géneros que ellos no han creado, pero que compraron para revenderlos caros” (1970a: 130).

Por tanto, es posible aventurar que entre esos propietarios (una minoría) y la mayor parte de la sociedad, conformada por los trabajadores, para Garrido se encontraría el intermediario, el comerciante. Por tanto, Garrido entendía (al comparar la concepción de la producción con el de la distribución) que las problemáticas socioeconómicas esenciales provendrían de los intereses surgidos en el intercambio y no de la apropiación del trabajo social producida en la fase productiva. Por supuesto, esto no significa que negara que la burguesía industrial tenía un papel protagonista en el fomento de la desigualdad social. Garrido entendía que:

“Los explotadores, decimos, habian (sic) puesto en tales condiciones á los obreros que no podían moverse, que no tenían ni hogar, ni familia, ni libertad, solo tenían un derecho, el de trabajar, percibiendo por ello, primero el alimento, mas tarde un salario que no bastaba para comprar lo necesario á reparar las fuerzas” (1868: 953)

Por lo que terminaría por apuntar que:

“En una palabra, el empresario ha sustituido al señor feudal, y la existencia de este intermediario es el motivo de que las relaciones económicas sean antagonistas, la producción menguada y la miseria general” (Garrido, 1970b: 20)

Sin embargo, y pese a tal concepción de los propietarios industriales, y fruto de la interpretación que hacía del proceso distributivo, terminaba por caer en un discurso interclasista que terminaba por fundamentarlo en la necesidad de la asociación por clases y de clases para superar los escollos y problemas sociales mediante reformas políticas que combatieran la depauperación. Sin embargo, ¿de dónde vendría este análisis? De la causa primera. No se puede comprender tal posicionamiento respecto a la situación de fricción o alianza de clases sin comprender la concepción que tenía el propio Garrido de la propiedad privada. Concepción semejante a sus compañeros demosocialistas e, incluso, a los demoliberales. Así, para Garrido:

“La primera condición de la libertad es la propiedad. El hombre no es libre de hecho, sino proporcionalmente á los medios con que cuenta para satisfacer sus necesidades, y sabido es que la propiedad figura como el primero y mas eficaz de los medios que aseguran la independencia del hombre [sic]” (1868: 14).

Para concluir, es necesario terminar esta reflexión remarcando, pues, la necesidad de releer a autores republicanos como Fernando Garrido. Una relectura que aspire a comprobar si sus posicionamientos políticos y sociales, la instrumentalización nacionalizadora que se daba en su historiografía, entre otros elementos, obedecían a alguna dinámica concreta más allá de la meramente culturalista, superestructural. Puede afirmarse, visto lo visto, que quizás haya que retomar ciertos cabos que se han ido soltando (no siempre, por suerte) a la hora de establecer análisis lo más completos posibles. Cabos como el que se ha intentado amarrar aquí: el posicionamiento económico. Pues no ha de olvidarse que la economía define, a nuestro modo de ver, las actitudes y relaciones sociales más básicas, y, por tanto, han de tener repercusiones en todo el edificio social.

Adam Abbou

Bibliografía:

Garrido, F. (1868): Historia del reinado del último Borbón de España. Madrid: Salvador Manero.

Garrido, F. (1970a): Historia de las clases trabajadoras. 2. El siervo. Madrid: Zero, S.A.

Garrido, F. (1970b): Historia de las clases trabajadoras. 3. El proletario. Madrid: Zero, S.A.

Garrido, F. (1970c): Historia de las clases trabajadoras. 4. El trabajador asalariado. Madrid: Zero, S.A.

Garrido, F. (1975): La federación y el socialismo. Barcelona: Editorial Labor