SOBRE VIOLENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ESPAÑA REPUBLICANA (I)

El estudio de las retaguardias republicana y sublevada durante la Guerra Civil española se ha mostrado como uno de los campos de mayor interés entre los historiadores, especialmente desde la década de los 90 del siglo pasado. Esta atención ha obedecido a una sencilla razón: más allá de los frentes, la guerra también se ganó en estos espacios. En ambos casos, mantener su “buena salud” se postuló como una de las prioridades entre las autoridades, a pesar de la desigual importancia que unos y otros otorgaron a la acción en la retaguardia del enemigo a lo largo del conflicto. Una violencia y un desorden sin precedentes se adueñaron de las dos retaguardias como consecuencia inmediata del golpe militar de julio de 1936 y la pérdida del control del poder por parte del Estado. Aunque como es bien conocido, el origen de esa espiral se remontaba a los meses precedentes, sobre todo a febrero de aquel año. En los primeros meses de guerra tuvieron lugar todo tipo de prácticas violentas de marcado carácter político si bien, en el fondo de las mismas, latían deseos de venganza, viejas rencillas y odios individuales y de clase. Violencias que, en perspectiva comparada, no obedecían a las mismas lógicas y fines.

Centrándonos exclusivamente en la retaguardia republicana, la desarticulación e inoperatividad casi absoluta del Estado derivada del fracasado golpe fue aprovechada por las organizaciones revolucionarias. Estas, que habían frenado la sublevación en las calles, se adueñaron del vacío de poder existente e, inmersas en la nueva realidad revolucionaria, generaron un enorme clima de violencia. Paseos, registros, incautaciones y otras prácticas represivas fueron tónicas generales de distintos grupos de acción (que la historiografía ha denominado incontrolados, si bien este estereotipo no hace sino simplificar la compleja realidad existente en este sentido). En términos generales, conspiradores, colaboradores clandestinos, derechistas, religiosos y antirrepublicanos fueron los perfiles de los perseguidos y quienes conocieron la particular justicia que estos grupos emprendieron, mayormente en sus checas. Aquellas organizaciones y grupos administradores de los espacios de poder entendieron que la nueva justicia pasaba por la gestión particular de aquella violencia, marginal a todo ordenamiento jurídico. Una justicia por consenso, en palabras del profesor Alba, que prescindía de todo procedimiento judicial legalizado y de posible defensa; una justicia popular, pues la justicia institucional era vista con recelo, al considerarla “burguesa”.

La respuesta a aquella violencia de las primeras semanas, arbitraria e irregular, antes ideológica o de clase, se hizo patente ya en agosto de 1936. El receló por los excesos y desmanes cometidos comenzó a calar fuertemente no solo entre buena parte de los ciudadanos, sino también entre los propios componentes de aquel desmoronado Estado republicano. Con el propósito de acabar con ella y canalizar los ánimos y el clamor de aquellos grupos y masas populares, las autoridades republicanas reunieron esfuerzos y emprendieron una serie de medidas legales que, a su vez, se enmarcaban en la labor de reconstrucción del Estado y la recuperación del monopolio del poder. Así, trató de regular, atendiendo a las circunstancias del momento, el Orden Público, la Administración de Justicia y los organismos e instituciones que velaban por el cumplimiento de las condenas, entre otros asuntos. El objetivo al respecto estaba claro: afrontar la represión contra los enemigos de la República desde la normalización y legalización.

Con todo, en la parcela de los tribunales, la reforma más importante fue la creación de los llamados Tribunales Populares para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado. La creación de un Tribunal Especial en Madrid por decreto de 23 de agosto de 1936, poco después de producirse el asalto de la cárcel Modelo, y su extensión en los días siguientes por el resto de las provincias leales a la República, significó el inicio activo de la represión legalizada y el control político y judicial en la retaguardia republicana.

SERGIO NIEVES CHAVES

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s